Arándanos de Marruecos: la competencia desleal que amenaza a Huelva

España pagó a Marruecos 282,10 millones de euros por arándanos solo en el primer semestre de 2026, frente a 233,84 millones en el mismo periodo de 2025 y 164,85 millones en 2024, según datos recogidos por El Debate. El arándano es hoy la fruta por la que España más paga a Marruecos. Detrás de esa cifra hay un sector, el de Huelva, que lleva años advirtiendo de una competencia que no considera limpia: no por el mérito comercial marroquí, que existe, sino por la diferencia de reglas con las que compite cada lado.

un socio comercial que también es un competidor directo

Marruecos no es un actor menor en el mapa mundial del arándano. En la campaña 2024 exportó cerca de 74.000 toneladas, un 15% más que el año anterior, por un valor superior a los 500 millones de dólares, y ocupa ya el cuarto puesto mundial en exportación de berries, según datos recopilados por Blueberries Consulting y Atalayar. La superficie cultivada ha crecido de forma constante en la última década y el propio gobierno marroquí ha fijado el objetivo de alcanzar las 10.000 hectáreas plantadas en 2030.

Buena parte de esa producción tiene como destino el mercado europeo, y España es uno de los principales receptores. No se trata, por tanto, de dos mercados que no se tocan: Marruecos vende cada vez más arándano dentro de la Unión Europea, en la misma temporada y en los mismos lineales donde compite la fruta de Huelva.

por qué el sector habla de competencia desleal

La palabra "desleal" no aparece por casualidad. Freshuelva, la asociación que agrupa a los productores de frutos rojos de la provincia, ha señalado públicamente que el volumen de arándano marroquí que llega al mercado es prácticamente el doble del que produce Huelva, y que se cultiva con unos costes de producción muy inferiores, pese a entrar en la Unión Europea con el tratamiento preferencial que le otorga el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos.

La federación española de exportadores de frutas y hortalizas, FEPEX, ha calificado directamente ese acuerdo comercial como "el paradigma de la competencia desleal" para el sector hortofrutícola europeo, en un comunicado recogido por Agrodiario Huelva. El argumento no es que Marruecos actúe de forma ilegal (dentro de su propio marco normativo no lo es), sino que ese marco es sustancialmente distinto del europeo en tres frentes que determinan el coste final del kilo de fruta.

tres diferencias de fondo: normativa, mano de obra y burocracia

Normativa fitosanitaria. La legislación marroquí sobre productos fitosanitarios es independiente de la europea y, en algunos casos, más permisiva. Un ejemplo citado por medios especializados como La Voz de Almería es el bromuro de metilo, prohibido en la Unión Europea desde 2005 por su impacto en la capa de ozono. Conviene decirlo con precisión: no hay un estudio público que confirme el uso de esta u otras sustancias prohibidas específicamente en el cultivo de arándano marroquí, y la propia Maldita.es ha matizado en sus verificaciones que buena parte de la fruta importada cumple los límites de residuos exigidos para poder entrar en la UE. Lo que denuncia el sector no es necesariamente que se incumplan los límites de entrada, sino que el proceso de cultivo se rige por reglas más laxas que las que debe cumplir un productor europeo, lo que abarata el coste de producir cada kilo antes de que ese kilo llegue a la frontera.

Mano de obra. La diferencia salarial es la más fácil de cuantificar. El salario mínimo agrícola en Marruecos ronda los 2.300 dirhams al mes, unos 210 euros, según Infobae. En Huelva, el convenio colectivo del campo fija jornales de en torno a 40 euros por una jornada de 6,5 horas, muy por encima de esa referencia mensual marroquí. Ninguna estrategia de eficiencia agronómica compensa una diferencia de esa magnitud en el coste de recolección, que en un cultivo de recolección manual como el arándano es una partida central del coste total.

Burocracia europea. Aquí está, probablemente, el punto que más frustración genera entre los productores: mientras el agricultor español debe cumplir un calendario creciente de normativa comunitaria sobre uso de fitosanitarios, gestión hídrica, trazabilidad y bienestar laboral (exigencias en general razonables y muchas veces necesarias), la Unión Europea ha dedicado buena parte de su capacidad de acción política a legislar sobre el propio sector productivo interno, y comparativamente menos a exigir esa misma vara de medir a los países con acuerdos comerciales preferentes. El resultado es una asimetría: el productor europeo asume el coste de cumplir la norma más exigente del mundo, mientras compite en el mismo lineal con un producto al que esa norma no le aplica igual.

"No pedimos que se cierre la puerta a Marruecos. Pedimos que quien entre lo haga con las mismas reglas, o que la diferencia de reglas se refleje en un arancel, no en un precio de saldo para el agricultor español." Síntesis de la posición sostenida por Freshuelva en sus comunicados sobre competencia con Marruecos.

lo que ya existe (y no basta): el etiquetado de origen

Aquí hay una noticia que conviene conocer porque el consumidor medio la ignora: desde el 1 de enero de 2025 es obligatorio en toda la Unión Europea indicar el país de origen en el etiquetado de fruta y verdura fresca, incluida la venta online, en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2023/2429. La información, por tanto, ya está disponible en el envase.

El problema que señala el sector no es la ausencia de la etiqueta, sino la ausencia de educación sobre lo que esa etiqueta significa. La inmensa mayoría de compradores ve "arándanos" en el lineal y compara únicamente precio y aspecto visual, sin relacionar el origen con diferencias reales de coste de producción, huella de transporte o marco normativo bajo el que se ha cultivado esa fruta. Un etiquetado obligatorio que nadie lee de forma informada tiene un efecto muy limitado sobre las decisiones de compra.

qué pide realmente el sector (y qué no)

Conviene ser precisos sobre qué reivindicación hay detrás de este debate, porque es fácil simplificarla mal. Ni Freshuelva ni FEPEX piden cerrar la importación de arándano marroquí ni excluirlo del mercado por decreto: piden reciprocidad. El término técnico que usan es "cláusulas espejo": exigir que la fruta importada desde fuera de la Unión Europea haya sido producida bajo estándares fitosanitarios y sociales equivalentes a los que se exige al productor europeo, o que la diferencia se compense con un arancel proporcional cuando esa equivalencia no se cumple.

Esta es también la vía correcta desde el punto de vista legal: la decisión de imponer aranceles o exigir reciprocidad normativa corresponde a la Comisión Europea y a los Estados miembros dentro del marco de la política comercial común, no a acuerdos privados entre cadenas de distribución para excluir un origen del lineal, algo que además de plantear problemas de competencia dentro del propio mercado interior, no resolvería la causa de fondo: el desequilibrio normativo entre bloques comerciales.

Lo que sí está al alcance de cada eslabón de la cadena, sin necesidad de cambiar ninguna ley, es la transparencia activa: que la gran distribución destaque de forma visible y no solo obligatoria el origen del producto nacional cuando lo hay disponible, y que se explique al consumidor, con la misma naturalidad con la que se comunica una promoción, por qué el origen importa. Esa palanca no depende de Bruselas ni de Rabat. Depende de decisiones que se toman cada semana en la política comercial de cada supermercado.

el riesgo de mirar para otro lado

La campaña 2024/25 de Huelva cerró con rentabilidad positiva, en torno a un euro de margen por kilo tras un coste de producción de casi 4 euros, según datos de la Junta de Andalucía recogidos por El Conciso, la mejor rentabilidad de las últimas temporadas. Pero la campaña 2025/26, ya en marcha, ha arrancado con un volumen comercializado un 13% inferior al del año anterior y precios a la baja, según Cope. La rentabilidad de un cultivo no se sostiene con un buen año aislado, sino con la certeza de que el modelo es viable a medio plazo.

Si esa certeza desaparece, no lo hace de forma dramática ni de la noche a la mañana. Lo hace finca a finca: un productor que no renueva plantación, un joven que no releva a sus padres en la explotación familiar, una cooperativa que reduce superficie la campaña siguiente. Cuando ese proceso se generaliza, el resultado final no es solo la pérdida de un sector productivo con identidad territorial en Huelva, sino la pérdida de la capacidad de decidir el propio precio: si España deja de producir arándano en volumen suficiente, el precio en el lineal lo acabará marcando el mercado internacional, sin ninguna palanca nacional para amortiguarlo.

El origen de este desequilibrio no está en Marruecos, que compite dentro de las reglas que tiene disponibles y con un mérito comercial y agronómico real. Está en una arquitectura regulatoria europea que ha invertido más energía política en legislar el detalle del propio productor interno que en exigir reciprocidad a quien entra desde fuera, y en una inversión en investigación y desarrollo agrícola que en Europa lleva años por detrás de la que dedica a producir normativa. Corregirlo no depende de un pacto entre supermercados ni de señalar a un país vecino, sino de una decisión política, tan sencilla de enunciar como difícil de ejecutar: que competir en el mismo mercado exija, de verdad, jugar con las mismas reglas.